El equipo de AAPP de LLYC Bogotá analiza la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro para los próximos cuatro años

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Después de tres meses de deliberaciones, el pasado 5 de mayo el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 conocido como “Colombia Potencia mundial de la vida”,  que se constituye en el cartograma que orientará al gobierno del presidente Gustavo Petro durante su mandato. El Plan estará enfocado en cerrar las brechas sociales y empoderar las comunidades y territorios que han estado excluidos de la toma de decisiones.

Durante este tiempo, el equipo de Asuntos Públicos de LLYC Bogotá, centrado en analizar la actualidad política colombia,  ha realizado un seguimiento pormenorizado de las nuevas propuestas legislativas del Gobierno de Petro, analizando las más de 7.000 propuestas de modificación que se plantearon y asistiendo a los debates que tuvieron lugar en el Senado y la Cámara de Representantes. El resultado de este trabajo se presenta en el nuevo informe “Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: La ruta marcada por el gobierno de Gustavo Petro”.

El componente social, el rol protagónico del Estado y la menor participación del sector privado para el cumplimiento de las metas del gobierno, son las claves de la hoja de ruta marcada por el primer gobierno de izquierdas en Colombia. Y esto supone un reto para el sector privado que deberá adaptarse a las nuevas prioridades gubernamentales. “Las medidas del Plan de Desarrollo trae diversos desafíos para el sector privado, el cual deberá mantenerse proactivo y propositivo para articularse con las nuevas prioridades del gobierno y responder a las demandas de una ciudadanía más activa”, precisó Luz Ángela Sánchez, Directora Senior de Asuntos Públicos en Bogotá.

Entre los diferenciales del Plan Nacional de Desarrollo se destacan algunos elementos centrales:

– Se prioriza el componente social donde el 68% de la inversión para los cuatro años se enfocará en los ejes de transformación de seguridad humana y justicia social y el de derecho humano a la alimentación. Esto incluye medidas de subsidio como el programa Renta Ciudadana, la transferencia en especie hambre cero, los subsidios a los servicios públicos, entre otros.

– Los territorios son el eje central del ordenamiento y sobre todo jugará un papel fundamental de cara a la reforma rural integral. La actualización y la gestión catastral, así como los instrumentos para el manejo de los bienes en proceso de extinción de dominio, contribuirán a la redistribución que persigue el gobierno.

– El transporte, la justicia y la educación también son sectores priorizados en el Plan de Desarrollo mediante medidas como el fortalecimiento de las acciones de seguridad vial, la construcción del Plan Decenal del Sistema de Justicia y la adopción de medidas financieras para paliar los créditos educativos. 

– El Plan sienta las bases de la reforma del sistema a la salud ya que fortalece los mecanismos de administración de recursos públicos y avanza en elementos para el impulso a la industria farmacéutica local. 

– El sector financiero jugará un rol relevante en materia de inclusión financiera, especialmente en comunidades vulnerables que no han tenido acceso al crédito para la promoción de negocios. 

– Frente al objetivo de la transición energética, el Plan establece medidas como la creación de una sobretasa a las ventas brutas de energía por generación para aquellas plantas nuevas que aún no se encuentren en operación y que estén localizadas en áreas con mayor radiación solar y mayor velocidad de viento.

Lea el estudio completo haciendo clic aquí.